Consecuencias de la estrategia de Petro

Regresar a Colombia, después de ver las realidades de países que se encuentran en las antípodas nuestras, es toda una experiencia. Especialmente, al ver las consecuencias de lo que está pasando  con la decisión del Procurador de destituir a nuestro eximio Alcalde Petro. No contento con generar un desmadre en la administración de la ciudad, donde el tema de las basuras, es apenas una de sus manifestaciones, ahora con la misma habilidad, está destruyendo la institucionalidad jurídica del país. Veamos.

Por ser un galimatías el que se ha armado, es muy importante estar consciente y bien informado de los hechos, para poder participar inteligentemente en la revocatoria si se da, y ojalá de la posterior elección del sucesor de Petro.



Hay una vieja táctica de los movimientos de izquierda en todo el mundo: utilizar las debilidades del Sistema imperante, para atacarlo y acabarlo. Ese fue el camino que siguió Chávez al utilizar la forma del proceso democrático, para atornillarse en el poder. Y de paso, supeditar las instancias judiciales y legislativas, para acomodarlas a sus caprichos. Los resultados desastrosos están hoy a la vista de todos. Y tal parece que su amigo Petro, está utilizando las mismas prácticas, para salir fortalecido, a pesar de haber demostrado ser un irresponsable en el manejo de los asuntos administrativos de la ciudad más importante del país.

En razón a la reflexión anterior, y en medio de la gran confusión que encontré sobre el tema, me tomé el trabajo de hacer unas consultas con personas conocedoras de los pormenores jurídicos del proceso. Y los resultados de mis averiguaciones me dejaron tremendamente preocupado. Son varias las consecuencias del uso de las tutelas de los defensores de Petro y muy graves sus implicaciones que comprometen la estructura judicial del país.

El desconocimiento, la apatía, y el hastío de mucha gente, son factores claves que hoy juegan a favor de la estrategia de Petro. Pero también, el desorden que reina en las diferentes instancia que hoy compromete la capacidad de la Administración de la Justicia en nuestro país. Igualmente, la posición muy pusilánime que ha tenido Santos en todo este episodio, porque parece haber comprado la tesis de que, apoyar al Procurador en su labor constitucional, puede comprometer el proceso de paz en la Habana.

Y vamos por partes. Independientemente de que guste o no el señor Ordoñez, y parezca excesiva la sanción de 15 años impuesta por "fallas graves y gravísimas", la sentencia reciente de la Corte Constitucional, ratifica su competencia de sancionar a funcionarios elegidos por votación popular. Estas normas, rigen desde la Constitución del 91 y el Código Disciplinario vigentes el 2002. Son las reglas del juego que el señor Petro ayudó a diseñar, como miembro de la Constituyente en 1991, y es el señor Ordoñez, a quien Petro ayudó a elegir, y quien hoy es el responsable de hacerlas valer.

Ahora tenemos a Petro buscando cambiar estas reglas a su acomodo y utilizando el andamiaje legal vigente para hacerlo. Y en simultánea, busca ante la CIDH, que lo apoyen porque se le están violentando sus derechos constitucionales...!!!

Como lo hemos visto en la copiosa información generada por el caso, más de 800 alcaldes, 18 gobernadores, etc., han sido destituidos en 23 años. Y hasta ahora, nadie había salido a protestar porque se estuviera vulnerando el derecho al voto de quienes eligieron a estos funcionarios en sus diversas comunidades a lo largo y ancho del país. De hecho, los 900,000 votantes que eligieron a Moreno, podrían aducir el mismo argumento para sacarlo de la cárcel, después de robar inmensos recursos de las arcas de la ciudad.

Ahora estamos viendo como se utiliza la figura de la Tutela, uno de los grandes logros de la Constitución del 91, para que un habilidoso demagogo, y ahora consumado tinterillo, la utilicé para atornillarse a la silla del Palacio de Lievano en Bogotá. Me surge en este momento la pregunta:  ¿Con que recursos está pagando Petro su defensa?.

En una estrategia ladina, para algunos "inteligentísima", frenó el proceso de destitución del Procurador. Y un problema de pésimo manejo de los recursos públicos, y de equivocadas decisiones conscientemente tomadas, en el tema del manejo de las basuras de la ciudad, lo ha convertido en una confrontación del sistema político contra la normatividad del sistema judicial. Y mientras tanto, no importa que la ciudad vaya a garete, como lo muestran los informes publicados recientemente por Semana.

La Tutela fue un mecanismo definido para que el ciudadano común, tuviera una salida para defender sus derechos fundamentales. A lo largo de más de dos décadas, a pesar de los abusos crecientes en su utilización, ha servido para que la gente tenga un mecanismo de protección. Sin embargo, la tendencia es un abuso creciente, producto del desorden de competencias que hoy existe entre las diferentes instancias del Sistema Judicial. El caso de Petro, es la gota que derramo la copa, demostrando las debilidades del sistema y me explico.

Lo primero que hay que entender, es que la única tutela puesta por el abogado de Petro, fue negada por el juez que la recibió. La estrategia que siguió a continuación, fue inundar los juzgados con más de mil tutelas interpuestas por ciudadanos que obran como agentes oficiosos. Esto quiere decir, que lo hacen bajo el supuesto de que Petro no puede defenderse, a pesar del hecho de haber presentado personalmente la tutela y de haberla perdido. Según un experto en estos temas a quien consulté, esto es un fraude procesal, porque el Alcalde si se defendió, pero cobardemente evadió la notificación.

Con este caso, lo más grave que está en juego, ya no es solamente que Petro permanezca en el poder hasta diciembre del 2015, dejando de paso a una ciudad postrada en el camino. Hay, un tema igualmente grave: la institucionalidad jurídica del país se quebrantó. Tenemos tres jueces del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que han fallado en contra de la posición del colega que negó la tutela personal de Petro. Abiertamente, resolvieron no acatar la sentencia de la Corte Constitucional, que claramente ya había fallado en última instancia en la materia,  y como ya lo comenté, cometiendo claramente un fraude procesal.

El fondo del problema es aceptar si, la necesidad de tener un auditaje de lo público, debe prevalecer sobre el derecho político de los ciudadanos. El fallo reciente de la Corte Constitucional, es muy claro en reconocer que lo primero prevalece sobre lo segundo. Y tal como quedó redactado en nuestra Carta Magna, esta responsabilidad descansa hoy en cabeza de la Procuraduría, para garantizar el correcto manejo de los dineros públicos, así como las facultades sancionatorias correspondientes.

Estoy seguro de que el sentir de los constituyentes del 91, entre otros el señor Petro, debió ser   que la prevalecía de los derechos políticos, no debía ser  una patente de corso para aceptar una gestión caótica de la administración pública y de los recursos de los contribuyentes.

El desmadre que Petro ha generado, con la complicidad de los tres magistrados, abre las compuertas a dos escenarios desastrosos para la institucionalidad del país. El primero de ellos, es que quienes han sido destituidos en el pasado, podrían alegar igualdad de tratamiento y demandar al Estado por los daños sufridos. Hacia adelante, el panorama es aún más obscuro. Los corruptos y los incompetentes, aprovechándose de la falta de responsabilidad de sus clientelas cautivas que los eligen, tienen las puertas abiertas para hacer lo que quieran.

Pero adicionalmente hay una señal alarmante: se demostró que hay abogados en la rama judicial que se arrodillan sin pudor  frente al sistema político como sucedió en Venezuela. Y este caso, lamentablemente no es el único, como lo demuestran los escándalos que hemos visto en el Sistema Judicial en los últimos meses.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional debe ser acatado por todos los jueces de la Republica sin excepción. La posición de los tres magistrados arrodillados, muestra un caso una rebeldía de los jueces muy grave para el país. Hay un principio de institucionalidad fundamental en Colombia: cuando la Corte Constitucional fija una línea esta es obligatoria.  Esto se llama precedente jurisprudencial constitucional, como se evidenció en la sentencia del caso de Piedad Córdoba. Con su postura, magistrados que apoyaron la Tutela de Petro están quebrantando este principio, y lo hacen a sabiendas de que es un prevaricado al dictar un fallo en contra de la Ley.

Como me lo comentaba un amigo mío, experto en estos temas: " Se supone que el delito es la excepción, pero cuando mil de mil delinquen esto es una violación masiva de los principios éticos colectivos del tejido social, que se fundamenta en la norma y la jurisprudencia. Es convertir a Colombia en Afganistán ....Es como el SIDA, donde los jueces están vendidos al sistema, se socavan las bases del sistema social. Estamos llegando al punto de que quien deben de de proteger el tejido ético social, hoy son quienes lo socavan, y esto es una enfermedad terminal si no se corrige inmediatamente" .

En plata blanca, lo anterior se traduce a que se genera un precedente terrible: toda persona que cumpla función pública, que administré dineros públicos directamente o indirectamente, puede alegar que, para prevenir un daño irremediable, se suspendan los efectos del fallo disciplinario, mientras se evalúa por la justicia contenciosa administrativa, la legalidad de la decisión disciplinaria, lo que puede tomas cinco años o más. El mensaje en la práctica: el corrupto y el incompetente tienen carta blanca para hacer de todo, porque se está dando prioridad a los derechos personales frente a los colectivos.

La alternativa hoy es la figura de la Revocatoria. Pero como hoy está diseñada esta figura, no ha funcionado en el país. Es muy compleja de aplicar, y fácilmente manipulable en una democracia clientelista y débil como la nuestra. La prueba de ello, es que hasta la fecha no hay un sólo caso de destitución por este camino.

El habilidoso Petro, hizo todo lo posible para evitar la aplicación de esta figura el año pasado. Sabía que había una gran inconformidad de la ciudadanía sobre el manejo caótico y sin visión de Bogotá. Ahora, aprovechándose del despelote que "inteligentemente" generó, le apuesta a que,  el gran despliegue que ha recibido en estos dos últimos meses, donde ha vendido su imagen de víctima de Ordóñez, lo favorezca en una votación a en contra de su revocatoria.

Pero también, Petro le juega a la apatía del 70% de sus víctimas que no votamos por él. Le juega a la incapacidad de los partidos tradicionales para asumir la vocería de quienes estamos indignados por su pésimo manejo, y al poder de movilización que le da burocracia de la ciudad, para obtener una votación favorable. Mientras tanto, el despliegue mediático le ha servido para "rencaucharse" y desviar la atención de su incompetencia consciente en el manejo de la ciudad.

¿Que camino queda por delante?. Hay apelación ante el Concejo de Estado, quien debe depender en su "sabiduría", para confirmar o no la validez de las tutelas presentadas. Mientras tanto, Petro con una sonrisa, desde el balcón de la Alcadia, que ha utilizado como agitador profesional, mira con satisfacción su trabajo esmerado de demolición, ante la impavidez de la mayoría...

Finalmente, una reflexión de fondo: la gestión del andamiaje del sistema judicial en Colombia, está haciendo agua por todas partes, y de paso, demostrando que uno de nuestros pilares fundamentales como sociedad, no está respondiendo a los profundos retos de la transformación que esta experimentando. Se viene hablando de la urgencia de hacer una reforma profunda en este tema, pero el sistema como está diseñado, parece imposibilitar este cometido. Y el liderazgo de Santos, claramente se quedó corto en esta materia. Apague y vámonos !!!!