viernes, 9 de febrero de 2018

La desconfianza institucional y su impacto en la seguridad

En mi blog anterior comencé a tratar el impacto de la desconfianza institucional en nuestra sociedad. Coincidenciálmente, en esa misma semana, aparece un artículo de fondo en la portada de la revista Semana titulado: “Miedo”. Es el análisis de una serie de hechos delictivos, acontecidos en los últimas días, y de las causas que los permiten. 

El artículo en cuestión me cayó como anillo al dedo, para evidenciar las consecuencias de la pérdida de la confianza en la capacidad de las instituciones. En este caso, al no poder  enfrentar la criminalidad de los robos que hoy está desbordada en muchas zonas del país. Es una manifestación de uno de los más graves problemas que nos afectan a todos, y sobre los cuales, no hay un acuerdo nacional.

Los efectos de esta situación son muy graves en el entorno actual, lo que invita a preguntarse después de la negociación con las FARC: ¿Cuales son los beneficios de la tan cacareada paz?. Esta pregunta legitima se la hace mucha gente en la actualidad, cuando el fenómeno parece desbordado, y el miedo invade como una nube negra, el estado anímico en las ciudades y en el campo.

Semana afirma que  “hacia muchos años los colombianos no sentían tanta inseguridad, falta de autoridad y desprotección del Estado”. El común denominador de la mayoría estos hechos criminales, donde sobresale el robo bajo varias modalidades que se han registrado, involucran a criminales reincidentes que han sido puestos en libertad por el sistema de justicia. Las fallas institucionales son las responsables de la creciente desconfianza que hoy afecta el estado de ánimo de mucha gente.

Y cuando se leen la cifras publicadas en el artículo, se puede dimensionar la magnitud de inmenso problema que enfrentamos como sociedad ante este colapso institucional. De 245.000 capturados, sólo el 5% fueron enviados a prisión. Esta situación, repercute directamente en el aumento de la desconfianza del ciudadano, en la capacidad del Estado. 

El colapso del sistema judicial, demuestra que el Estado es incapaz de garantizar unos mínimos de seguridad y orden. Estos son unos requisitos fundamentales para eliminar la sensación de miedo, vulnerabilidad y pánico, que sienten un creciente número de personas, en diferentes partes del país. Pero también, para que se vean los réditos de la paz.

El miedo que tiene la ciudadanía, porque se sienten indefensos ante la arremetida del hampa, viene acompañada de otra realidad muy preocupante. Hay un sentimiento profundo de impotencia que manifiestan la Policia y la Fiscalía, porque ven como su trabajo para coger a los criminales, queda anulado a los pocos días, cuando un juez los pone nuevamente en la calle. 

En el artículo de Semana se muestra que, una de las causas raizales del problema, está en el sistema penitenciario. Ante las aberrantes condiciones de hacinamiento de las cárceles en Colombia, se han han hecho reformas al sistema de justicia que obliga a un juez, a dejar en la calle a  delincuentes reincidentes, o a quienes no ha sido condenados después de permanecer en la cárcel sin juicio por 12 meses. 

Definitivamente, ante este nivel de incapacidad, es válido afirmar que en Colombia el “ser pillo paga” lo cual es bastante distinto “ser pilo paga”. Tenemos un sistema que no está diseñado para enseñar, disuadir y castigar, sino para fomentar y reproducir comportamientos criminales con impunidad. Por esta razón la realidad es muy dura: en Colombia, es un excelente negocio delinquir, porque los riesgos de pagar la fechoría son muy bajos.


A los fenómenos anteriores, se suma que una ciudad como Bogotá, no tiene el número de policías que requiere una urbe de este tamaño. Nuestra ciudad tiene 15 veces menos de uniformados que Londres, siendo esta una urbe de similar tamaño y sin los problemas que aquí tenemos. 

Ante estas realidades, es válido preguntarse si el problema se resuelve, ampliando el pie de fuerza de la Policía, y encarcelando a todos los capturados. Bajo el supuesto de que se tuviera la capacidad física, y la institucionalidad judicial y penitenciaria para lograrlo, ¿se resolvería el problema?. ¿Qué más deberíamos hacer?. ¿Y cuáles son las consecuencias de no enfrentar la situación?

En mi humilde opinión, no creo que solo multiplicar por 10 la fuerza policial va a arreglar el problema mientras el sistema judicial sea inoperante y corrupto. Se necesita  involucrar a toda la ciudadanía para que colabore exigiendo, denunciando y vigilando. Si bien el Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de todos, este necesita de la presencia activa de todos.

Es cierto que los índices de asesinatos y muertes violentas ha caído a niveles históricos, y esto hay que reconocerlo y aplaudirlo. Sin embargo, se han disparado  los hurtos de celulares, los robos a residencias, y otros actos delictivos considerados menores y escarcelabres por nuestro inoperante sistema judicial. Es evidente que su impacto en la desconfianza institucional es muy grande, por lo que en la inseguridad será un tema crítico en las próximas elecciones

Me he querido detener en el fenómeno del miedo que genera la sensación de inseguridad que es el resultado de una incapacidad inaudita del Estado, los políticos y el sistema judicial en su conjunto, para enfrentar un problema que claramente los ha desbordado hace rato. No es de extrañar que haya una desconfianza creciente de la ciudadanía en estas instituciones, ni que este fenómeno pueda compromete seriamente la posibilidad de que los colombianos sintamos realmente los réditos de la paz de Santos.

Y cuando falla la confianza, también se destruye la esperanza de ver a los colombianos pasemos la pagina de muerte y sufrimiento, que tanto daño y descomposición social, ha tenido en nuestra sociedad.  

La incapacidad institucional, la desconfianza y cinismo crecientes que la acompañan, tienen otro peligro adicional que es muy preocupante. Hoy se puede estar sentando las semillas de un nuevo ciclo de violencia, bajo un ropaje distinto, pero posiblemente con los mismos actores que en el pasado. Se descuidó el fortalecimiento de las instituciones que debían responderle al ciudadano común, por unos mínimos de seguridad y tranquilidad. Esa es el verdadera paz.

Hay que exigirle a quienes aspiran a llegar a la Presidencia de Colombia y al Congreso en las próximas elecciones, que conviertan en el tema principal de nuestro país, la incapacidad institucional que hoy muestra el Estado para responder efectivamente a problemas como el de la inseguridad tratado en este blog. Esto va requerir un cambio de mentalidad de todos, por lo que la capacidad de liderazgo demostrada, deberá ser un criterio fundamental para elegir a estas personas. 



2 comentarios:

  1. Hay un tema igual de preocupante: Algunos ciudadanos se están tomando la justicia por sus manos. Ayer fui testigo de un atraco en el que el ladrón fue alcanzado por ciudadanos desesperados. Lo lincharon, le quitaron la ropa, zapatos, lo golpearon lo dejaron ensangrentado, mientras otros llamábamos a la policía. Cuando esta llegó, ya los ciudadanos estaban enfermos por los golpes también recibidos, el delincuente tirado en el piso y un ciudadano sentado sobre el para no permitirle escapar. afortunadamente no había personas armadas con arma de fuego, que sí, con navaja.... con la que rompieron el pantalón del delincuente y sus zapatos. Los ciudadanos enardecidos estuvieron no muy lejos de matar al pillo..... que gritaba "yo no fuí"... quedé con dudas... quién había sido el delincuente? y esos muchachos enardecidos por qué tenían cadenas y navajas para defenderse?

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  2. BENEDICTO CASTELLANOS14 de febrero de 2018, 14:32

    Francisco
    Por supuesto que se necesita mas policía, cámaras, tecnología y apoyo ciudadano, pero la esencia del problema está en la legislación. Desde que se volvieron delitos menores las penas menores de 8 años la delincuencia va a seguir creciendo. Los jueces aplican penas alternativas a prisión, es decir, mandan a los delincuentes para sus casas para no congestionar mas las cárceles. Adicional a esto si el acusado se declara culpable tiene un descuento en la pena del 50%, si colabora con la justicia otro descuento, si trabaja en la cárcel, mas descuento y asi sucesivamente hasta que cumplidas 3 quintas partes de la pena puede solicitar casa por cárcel, es decir la libertad. Así las cosas cualquier delito grave queda reducido a prácticamente nada. Por otra parte los mas pudientes logran que se venzan los términos en complicidad con jueces y fiscales. Porque en vez de dejar libre al sindicado no se sanciona al juez o al fiscal que deja vencer los términos? Porque no se hacen una especie de campamentos como los que se hicieron para las FARC para ampliar la capacidad carcelaria y así sancionar debidamente los atracos y tentativas de homicidio que el gobierno quiso calificar como delitos menores?

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