Cuando el poder viola las reglas: resistencia civil para cuidar a Colombia

  Cuando el poder viola las reglas: resistencia civil para cuidar a Colombia 

Colombia vive hoy una situación inédita. No solo por la polarización política o la incertidumbre económica, sino por un deterioro acelerado de la confianza pública y de las reglas que permiten gobernar una sociedad compleja. Tenemos un gobierno desacreditado que confronta abiertamente al sector privado, que gobierna crecientemente por decreto, que adopta decisiones sin diálogo técnico ni concertación social, y que expide medidas cuyos efectos negativos ya se sienten en sectores sensibles como el empleo, la salud y la inversión.

La reciente subida del salario mínimo en un 23 %, sumada a una cascada de disposiciones regulatorias como la “emergencia económica” suspendida por la Corte Constitucional , ha golpeado con especial dureza a empresas formales y a servicios esenciales. Pero más allá de cada política puntual, hay un problema más profundo: se gobierna desde la arbitrariedad más que desde reglas compartidas; desde la confrontación ideológica más que desde la responsabilidad institucional; desde la lógica del enemigo más que desde la lógica del bien común.

El deber constitucional que se está incumpliendo

En una democracia, el Gobierno no es solo administrador del poder: es su primer obligado. Su responsabilidad principal es ser ejemplo del cumplimiento de la Constitución y de las leyes que la desarrollan. Cuando el Ejecutivo relativiza esas reglas, las viola sistemáticamente, las interpreta a su conveniencia o las desconoce abiertamente, envía un mensaje muy destructivo : que el poder está por encima del derecho.

Hoy estamos viendo una violación sistemática e intencionada de esa gran responsabilidad. No se trata de errores aislados ni de simples desacuerdos técnicos, sino de una práctica política que trivializa los límites legales cuando estorban al proyecto ideológico. Cuando el Gobierno actúa así, no solo afecta políticas públicas: erosiona el pacto básico que sostiene a la sociedad.

Un síntoma revelador: la reacción de los gobernadores

Lo ocurrido recientemente con los gobernadores, que se negaron a trasladar recursos al Gobierno Nacional en detrimento de sus finanzas regionales, es un ejemplo elocuente de hasta dónde ha llegado esta tensión institucional. No fue un gesto caprichoso ni una jugada partidista: fue una reacción defensiva frente a decisiones que amenazaban directamente la sostenibilidad de los territorios y, de manera particular, la institucionalidad y el respeto a las regiones.

Ese episodio revela algo inquietante: cuando el poder central actúa sin reglas, la resistencia comienza incluso desde dentro del propio Estado. Y cuando los gobernantes locales sienten que deben desobedecer para proteger a sus ciudadanos, estamos ante una señal de gran peligro para nuestra frágil democracia . No es una ruptura: es la defensa del orden constitucional desde abajo, acelerando una tendencia hacia la descentralización del Estado.

Las consecuencias ya no son abstractas

Uno de los mayores riesgos del momento actual es que la arbitrariedad se perciba como un debate técnico entre expertos, cuando en realidad sus efectos están cayendo directamente sobre millones de colombianos.

Hoy las consecuencias de las decisiones irresponsables del Gobierno se hacen visibles en:

— Pacientes sin atención oportuna por la crisis del sistema de salud.

— Jóvenes que pierden acceso a becas y créditos del Icetex.

— Familias que ven desaparecer los subsidios a la vivienda.

— Trabajadores informales golpeados por políticas mal diseñadas.

— Pequeñas empresas asfixiadas por cargas imposibles de asumir.

Resulta profundamente paradójico que las voces de cientos de miles de personas afectadas por estas decisiones —tan negativas por su impacto— no se hayan alzado con la fuerza de un volcán de indignación. Entre ellas, sin duda, hay muchos que hoy se arrepienten de haber depositado su voto por Petro, a quien corresponde la responsabilidad política central de esta tragedia. Esa debería ser hoy la tarea urgente de la oposición: amplificar esas voces y poner bajo los reflectores esta tragedia en los múltiples frentes que están golpeando dramáticamente a la sociedad colombiana. Y no son solo cifras: son vidas concretas a las que hay que darles la visibilidad que se merecen.

Estoy seguro de que, dentro del 40 % de los colombianos que aún respaldan a Petro y votarían por Cepeda, apelando a un argumento emocional poderoso —“Petro sí nos escucha”—, hay cientos de miles que ya han sufrido las consecuencias o que tienen personas cercanas afectadas por sus decisiones perversas.

Aquí aparece una contradicción central de este momento político: muchos de quienes sostienen su apoyo a Petro han sido directamente afectados por sus decisiones arbitrarias y, en no pocos casos, contrarias a la ley. Su discurso dice representar al pueblo, pero las políticas reales están perjudicando precisamente a quienes dice defender.

La disputa de fondo es cultural y narrativa

Por eso este no es solo un conflicto político. Es, sobre todo, un conflicto de relatos. Mientras el Gobierno construye una narrativa donde toda crítica es presentada como defensa de privilegios, la realidad muestra otra cosa: son las legítimas manifestaciones de cientos de miles de ciudadanos comunes que están pagando los costos de decisiones improvisadas de este desastroso gobierno.

Aquí es donde se vuelve indispensable una nueva narrativa nacional: Colombia es buena y vale la pena cuidarla. No como consigna ingenua, sino como afirmación moral y estratégica. Solo se defiende lo que se valora. Solo se resiste lo que se siente propio.

Desde esta perspectiva, la resistencia civil que propongo en este blog, no es oposición automática al gobierno de turno. Es una forma de ejercer el cuidado por nuestro país, cuidando la Constitución, la economía real, la institucionalidad, el lenguaje público, y a los ciudadanos concretos que hoy están siendo afectados profundamente .

Resistir es proteger lo que aún funciona para que no sea destruido, ni por la improvisación ni por la ideología perversa, de quien fue elegido para cuidar el bienestar de todos los colombianos, y no solo el de una parte de ellos.

¿Pero qué significa resistir en democracia?

Resistir no es rebelarse violentamente como fueron las marchas del 2021 promovidas y apoyadas por Petro. No es sabotear. No es destruir. La tradición de la resistencia civil —de Gandhi a Martin Luther King, de Solidaridad en Polonia a Václav Havel— tiene un rasgo común: es una resistencia pública, no violenta y moralmente fundada.

Resistir es: negarse a colaborar con lo injusto, usar la ley para defender la ley, hacer visibles las consecuencias del abuso, sostener la deliberación cuando el poder quiere imponer su visión.  La resistencia civil no busca tumbar gobiernos. Pero si impedir que destruyan las reglas mientras gobiernan, burlándose de la Constitución que les permitió llegar al poder pero no para quedarse con él.

La visibilización como deber ciudadano

Como ya lo he dicho, uno de los grandes desafíos de la oposición es hacer visible el impacto concreto de las decisiones arbitrarias y perversas del Gobierno. Los análisis técnicos y los editoriales especializados ya no son suficientes. Necesitamos escuchar a quienes están pagando el costo real de tener a Petro en el poder. Por eso, hago un llamado a los pacientes sin tratamiento, a los jóvenes excluidos del sistema educativo, a las familias que perdieron su subsidio a vivienda, a los trabajadores sin ingresos estables y a quienes perderán —o ya han perdido— su empleo como consecuencia del aumento irresponsable del salario mínimo

Ellos son los verdaderos representantes del pueblo que hoy está siendo perjudicado. Su voz tiene una legitimidad que ningún discurso ideológico puede borrar. Y su testimonio es la forma más poderosa de desmontar la ilusión de que “el Presidente sí escucha”, cuando la experiencia cotidiana demuestra lo contrario.

Aquí la desobediencia social puede cumplir un papel pedagógico: no como caos, sino como señal moral colectiva. No como violencia, sino como acto cívico que busca despertar a quienes todavía apoyan al Gobierno sin ver las consecuencias de sus propias decisiones.

Resistir sin convertirse en aquello que se combate

La línea es clara: si la resistencia se convierte en odio, pierde legitimidad; si se vuelve revancha, se degrada; si se vuelve violencia, se traiciona. El desafío es resistir sin parecerse al poder arbitrario.

Eso exige un liderazgo distinto: sin mesianismo, sin insulto, sin simplificación. Un liderazgo que sepa que el objetivo no es derrotar personas, sino cuidar las reglas. Quienes hoy aspiran a la Presidencia de Colombia desde el centro o la centro derecha, tienen la obligación de advertir sobre el daño que se le causa a una sociedad cuando entrega su presente y su futuro a un “mesías” que promete comprenderlo todo, mientras los ciudadanos abdican de su responsabilidad —empezando por el voto— de construir juntos su futuro

Un gobierno que se va… y un país que queda

Este gobierno terminará pronto. Pero el daño institucional, cultural y económico no se borra con una elección. Los proyectos ideológicos no dependen solo de un líder, sino de una cultura política que los tolere.

Por eso la resistencia civil no es solo frente a un gobierno. Es frente a una forma de gobernar. No se trata únicamente de impedir que un proyecto político se perpetúe. Se trata de impedir que Colombia se acostumbre a ser gobernada sin límites violando sistemáticamente la Constitución y las leyes que está obligado a cuidar y defender .

Resistir para poder reconciliar

Paradójicamente, la resistencia civil no busca dividir más. Busca preservar el espacio donde algún día podamos reconciliarnos. Solo se reconcilian sociedades que conservan reglas comunes, no aquellas donde cada bando cree tener derecho a imponer su verdad.

Hoy resistir es cuidar. Cuidar la Constitución. Cuidar el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Es cuidar la institucionalidad y el futuro. En tiempos de arbitrariedad, resistir no es desestabilizar. Es estabilizar lo esencial. Porque un país no se salva obedeciendo al poder. Se salva defendiendo las reglas que hacen legítimo ese poder.

Y esa defensa comienza abajo: en ciudadanos que no se resignan, que no odian, que no se callan, y que entienden que cuidar a Colombia hoy implica, también, saber decir por ese camino no va mas. Así lo hicieron en Chile y ahora nos toca hacerlo en Colombia si no queremos seguir el camino penoso y bochornoso de Venezuela.