Las grandes preguntas que deja el caso de UBER

Lo que tenía que pasar pasó. La absoluta incapacidad de los gobiernos de Santos y Duque, de tomar el toro por los cuernos y definir una reglamentación que legalizara el uso de las plataformas tipo Uber, terminó con la victoria pírrica de los taxistas tradicionales y el retiro de la empresa norteamericana del mercado colombiano a partir del 31 de enero de este año.

Y digo pírrica, porque el poderoso lobby que han movido para enfrentar el impacto de la tecnología en su negocio, no será suficiente para parar la rueda del cambio tecnológico que está en marcha. Como a tantas otras industrias: la disquera, el retail, y la automotriz, para solo enumerar algunos ejemplos, la realidad se impuso y los obligó a reinventarse o morir. El servicio de taxi como lo conocemos, también va a cambiar.

El gremio de taxistas debe prepararse para adaptarse y no pelear las batallas por conservar el pasado. La razón: porque viene un tema mucho más disruptivo que Uber. Los carros eléctricos sin conductor ya son una realidad. Su impacto va ser inmenso en este sector. 

Pero volviendo al presente, lo sucedido ha desnudado la incapacidad de Duque, que como ha pasado con otros problemas, el de Uber le cogió ventaja y lo desbordó. Es evidente que se dejó chantajear por la mafia que agrupa a los taxistas, quienes vieron su oportunidad de oro a finales del año pasado, cuando estallaron las marchas. Es claro, que negociaron el no unirse a este movimiento, a cambio de que sacaran a Uber del mercado.

Y para la prueba un botón. Como ya le midieron el aceite a Duque, a principios de enero el presidente del gremio de taxistas,  amenazó al gobierno con movilizar 480.000 vehículos, para bloquear a BOGOTÁ, en caso de que el Gobierno reglamentara las plataformas tipo UBER. Inaudito!!!. ¿Cederá Duque a este chantaje?. Si lo hace, deberíamos marchar en las calles los 2 millones de usuarios de Uber, para mostrarles a los taxistas que no nos pueden imponer su pésimo servicio.

Para darle gusto a estos señores, en lugar de coger el toro por los cachos,  Duque uso a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuya responsabilidad debe ser la de evitar los monopolios y los abusos de poder contra los consumidores, a quienes debe defender. Esta entidad decretó el retiro de Uber, y le exigió a los operadores de celulares algo imposible de hacer: cortarle el servicio a la plataforma de esta compañía. 

Pero también es justo decir, que la SIC le advirtió hace meses al Gobierno, del lío que se venía encima por la falta de reglamentación. Es evidente que no le pararon atención porque no era un tema prioritario.

Han pasado más de cinco años desde que el tema ha estado candente. Es clara la falta de interés,  diligencia y velocidad que han tenido el Ejecutivo y el Legislativo para resolver el problema. 

Y es una demostración de otra realidad: nuestras instituciones no están a la altura de los retos que presentan los cambios tecnológicos. Lo sucedido con UBER, es una demostración de que priman más los intereses de los grupos de presión, como el de los taxistas, que el interés general y el derecho del usuario a elegir su medio de transporte.

Lo que también ha destapado este bochornoso espectáculo, es la ausencia en la discusión de la voz y los derechos del consumidor de los servicios de Uber y plataformas similares. Hay más de 2 millones de usuarios, que no parece importarles al Gobierno ni de los taxistas,  porque no tienen un grupo de presión  que los represente. 

Los cambios tecnológicos, los problemas exponenciales de movilidad, y los modelos de negocios que han surgido para responder a las necesidades y expectativas  de la gente, están chocando con los conceptos del viejo paradigma del transporte y las reglamentaciones que ya no responden a estas nuevas realidades. 

Este es el gran reto que enfrentan todos los gobiernos en el mundo. Y su capacidad de responder creatívamente al mismo, definirá el papel que debe de jugar la innovación, para dar soluciones efectivas a los complejos problemas como el de la movilidad, en países como el nuestro.

En la actualidad, se tramitan dos proyectos sobre el tema. Uno de ellos, impulsado por el representante Mauricio Toro, que tiene una propuesta para equilibrar la cancha basada en cinco pilares. 

Desmontar los cupos que se había convertido en un negocio, cuyo objetivo de limitar la oferta, ya no tiene sentido. Obligar a las plataformas, a contar con los mismos seguros y tipo de licencias  de conducción, que tienen los taxis. Permitirles a estos, unas tarifas dinámicas, siempre y cuando usen tecnologías que impidan los abusos.  Y exigirle a las plataformas tipo UBER, que paguen impuestos, ya que hoy no lo hacen sobre los ingresos recibidos. 

El tema laboral es muy discutible porque hay una realidad. Del producido diario, la mayoría de los taxistas le pagan  al dueño de carro una cantidad fija, y del saldo que les queda, cubren los gastos de combustibles, mantenimiento y su utilidad. Es el equivalente a lo que sucede con Uber:  les cobra un % sobre el valor del viaje, y el resto le queda al conductor para pagar los costos y también su utilidad. 

Si el tema laboral se toca, debería afectar a taxistas y a las plataformas por igual. En ambos casos, quienes trabajan en este servicio, lo hacen como contratistas independientes, ya que fijan con total libertad su agenda de trabajo.

Lo que ha sucedido con UBER, abre el compás para muchas e importantes preguntas que quedan sin resolver.

¿Alguien se ha preguntado el porqué más de 2 millones de personas en el país prefieren a Uber que a los taxis amarillos? ¿Quién representa a estos ciudadanos, que con razón, están indignados por la decisión tomada? ¿Qué va a pasar con más de 80.000 personas que prestaban este servicio, la mayoría con grados universitarios, y que encontraron en Uber otra alternativa de trabajo y una mejor opción para mejorar sus ingresos? ¿Cómo va a hacer este gobierno, que se percibe como débil, para corregir los abusos de los taxistas amarillos, cuando se encuentra acorralado por las marchas sociales?

Pero las más importantes de todas las preguntas quedan sobre la mesa: ¿Donde está la  coherencia de Duque, que habla de promover la economía naranja, basada en las nuevas tecnologías y el fomento del emprendimiento, cuando no ha tenido la capacidad ni la urgencia,  para resolver el problema que heredó de Santos? ¿Donde está la institucionalidad que se requiere para acompañar el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales?

Es evidente que hoy hay un nuevo paradigma producido por las nuevas tecnologías, con modelos de negocio disruptivos, y una competencia cada vez más fuerte que caracteriza al entorno económico actual. Esta realidad ha puesto al desnudo que, ni el Gobierno, ni las instituciones, ni la legislación, ni el liderazgo político, están a la altura para enfrentar estos profundos y acelerados cambios que están sucediendo.

En resumen, y ya lo he mencionado en varios blogs que he escrito sobre temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento (CTIE): la legislación existente no responde a las nuevas realidades. Los gobiernos están siendo desbordados. Su ritmo de cambio no va a la misma velocidad de los cambios del entorno que los atropellan. El Estado, en su conjunto, se ha convertido en un verdadero freno para la innovación cuando debería de ser el gran impulsor de estas transformaciones.