A menor información mayor manipulación: un caso de la vida real

En el blog anterior, titulado ¡Que vergüenza¡, me referí al espectáculo circense que están dando nuestros dirigentes políticos y hice una afirmación: hay una incapacidad de generar conversaciones constructivas a partir de las diferencias. En ese entorno, las palabras conversar y dialogar, no tienen sentido. Por esta razón, mencionaba que nuestro comportamiento diario nos muestra, que hay una incoherencia monumental cuando se habla de los diálogos de paz en la Habana.  

Pero también hice una afirmación: el problema somos nosotros..Hay que poner los reflectores donde toca para iluminar bien, unos comportamientos que nos está comiendo como un cáncer a todos los niveles de la sociedad colombiana. Y para evidenciar lo anterior, voy a compartir con mis lectores, un lamentable caso de un escándalo reciente que me ha tocado enfrentar en una de mis empresas. Para entender mejor el problema, voy a dar un contexto preliminar.

En el mes de octubre pasado, sucedió una tragedia en el conjunto Space en Medellín. La sexta torre de ese proyecto se desplomó, dejando varios muertos y en el camino, un pánico colectivo generalizado en el país. Afortunadamente, en los últimos sesenta años, sólo se ha presentado un caso similar en Barranquilla, mientras que en el periodo de seis décadas, Colombia ha experimentado el mayor crecimiento urbano de su historia.



Sólo para que el lector tenga una imagen de la construcción realizada en el país en este lapso de tiempo, el promedio anual de construcción de los últimos diez años, ha estado por encima de los 8 millones de m2 !!!. Saqué una calculadora y multiplique.... Y desde 1982 en Colombia, los cálculos estructurales están cobijados por un código sismo resistente muy estricto, que tuvo su última actualización hace dos años. Todas las empresas serias de este país, respetamos estas normas aplicadas por nuestros asesores estructurales y de suelos, porque lo que está en juego, no es menor.

En el caso de Medellín, parece ser que en este proyecto, promovido y construido por parte de una de las firmas más respetadas y con una larguísima trayectoria en el sector,  convergieron una serie de errores en el diseño y en la construcción. Es muy lamentable que esto haya sucedido, pero entiendo que los dueños de la firma, han enfrentado el problema con responsabilidad y valor. No hubiera esperado nada distinto conociendo sus antecedentes en Medellín, y después de construir miles de viviendas en esa ciudad y en otras partes del país.

Como pasa siempre con estos casos, la nube de la duda y de la sospecha, se extiende como un manto, que cubre a propios y a extraños, y no deja ver con claridad los hechos. No me cabe la menor duda de que lo sucedido en el caso de Medellín es un error muy grave con consecuencias bien complejas. También, que en el sector de la construcción, donde abundan los paracaidistas, ha habido problemas de deficiencias constructivas, mala atención, etc. Los entes de control local están permanentemente inundados de quejas, por parte de propietarios desesperados, que consideran que no han sido atendidos en sus reclamos de manera oportuna y con la calidad requerida.

A pesar de que todo lo anterior es un hecho, esto no significa automáticamente que todas las empresas serias de este país, que las hay y muchas, queden cobijadas y cuestionadas sin fórmula de juicio, como parece ser el caso en la actualidad. De hecho, si hay algún fenómeno a destacar después de la profunda crisis del sector a finales del siglo pasado, y principios de este, es que ha habido un proceso de profesionalización sin antecedentes en nuestra industria. Hoy, hay verdaderas empresas que cumplen de manera responsable y profesional con sus clientes.

Desafortunadamente, desde la puesta en marcha de las acciones populares y las acciones de grupo, figuras jurídicas establecidas para proteger los derechos colectivos, han ido apareciendo en el curso de los años, una serie de abogados, que han buscado aprovecharse de ellas para "asesorar" a las comunidades en contra de las empresas constructoras, a lo largo y ancho del país. Y como pasa en el caso de la tutela, son cada vez más los abusos que se cometen con ellas. De hecho, recientemente se le quitó el incentivo perverso a los abogados para acudir a la acción popular porque era evidente el uso mal intencionado de esta figura.

Al panorama anterior, hay que sumarle el problema que tenemos los colombianos para vivir de manera pacífica en comunidad, y utilizar el diálogo y las conversaciones constructivas, antes de recurrir a medios legales, o en muchos casos, el uso consciente de la violencia y las amenazas.  La constitución de comunidades, a medida que el proceso de densificación y urbanización se desarrolla aceleradamente, es el más grande reto que enfrenta nuestro sector y la sociedad colombiana. La razón: por la inmensa dificultad que tenemos para dirimir de manera constructiva las diferencias. Como lo mencioné en el anterior blog, esta incapacidad se convierte en una fuente de conflictos muy complejos de resolver a las buenas.

Para empresas como la mía, que tuvo que incursionar en proyectos cada vez más grandes, como consecuencia de la tendencia mencionada, el problema del  manejo de las comunidades, es cada vez más complejo. Las razones son varias. Los niveles de exigencia del consumidor han aumentado significativamente, y esto está bien. Sin embargo, la incapacidad de muchas de estas comunidades, de generar procesos de convivencia, que les permita manejar de una manera civilizada y productiva sus problemas, hace muy difícil lograr acuerdos para atender sus reclamos. Y desafortunadamente, hay personas que al no estar al día con sus obligaciones hipotecarias, o con las cuotas de sostenimiento de la copropiedad, aprovechan de manera descarada cualquier pretexto para generar el disenso, y así cubrir su mal comportamiento.

Pero también, por no saber abordar los problemas de manera colectiva y constructiva, ponen en peligro su propio patrimonio, y caen fácilmente en las garras de los abogados sin escrúpulos que se aprovechan de ellos. Ver para creer

A continuación mi historia. Hace pocos días me encontré involucrado en un escándalo promovido por unos propietarios de un conjunto construido hace ocho años, en asociación con otra empresa. Desde hacía dos años, las dos compañías habíamos venido atendiendo algunos problemas de locativas y monitoreando los asentamientos que se estaban produciendo en la zona de parqueaderos, por fuera de los edificios de apartamentos.

Cuando se presentan estos casos, afortunadamente muy pocos en nuestra empresa, buscamos tener la mejor asesoría externa de profesionales de primer nivel para que miraran la situación con otros ojos, y nos ayudaran a formular la mejor solución posible. Hago anotar, que estábamos atendiendo responsablemente, con nuestro socio en ese proyecto, unas solicitudes después de varios años de entregar  el mencionado conjunto, como era nuestro deber hacerlo.

Para garantizar la calidad de nuestra intervención, acordamos que la comunidad hiciera la contratación de los servicios profesionales de uno de los ingenieros estructurales, más reputados a nivel nacional, así como a una firma  interventora, para hacerle seguimiento al proyecto. También, contrataron a una firma de abogados para que los orientara.

En el mes de septiembre, terminamos los trabajos a los que nos habíamos comprometido, después de casi un año de intervención costosa pero necesaria, y se los entregamos a la firma interventora, quien elaboró un informe final, y nos recibió las obras realizadas a nombre de la copropiedad. Y aquí tuvimos nuestra primera sorpresa. Se había producido un cambio en la Junta del Conjunto y nombrado a una nueva administración. Los anteriores representantes salieron en garrotera con sus sucesores y ahí fue Troya.

Las nuevas autoridades de la comunidad, le dieron orden al la Administración, de no recibir el informe de la Interventoría. También, no dieron por entregadas las obras que esta empresa  interventora había recibido a nombre de ellos. Igualmente, se negaron a permitirnos el acceso para hacer más adelante los controles de asentamientos necesarios, siguiendo las recomendaciones de sus asesores. Y lo que es peor, no informaron de estos hechos a toda la comunidad !!!. Y como decía nuestro asesor legal: a menor información, mayor la imaginación. Y yo le agrego, más vulnerable es la comunidad a la manipulación. Y así fue....veamos.

Pasan cuatro meses, sin que la nueva Administración nos devolviera las llamadas y entrara en contacto con nosotros, a pesar de nuestras reiteradas solicitudes en este sentido. Y de nuevo vienen las sorpresas. El grupo de propietarios que se apoderó de la Junta del conjunto, resuelve contratar los servicios profesionales de un abogado con historial increíble, sin cancelar el contrato con la firma anterior que los representaba en esta materia, y sin tener en cuenta el trabajo realizado.

En estos días, nos encontramos con una situación insólita: el nuevo abogado había sido sancionado por la Judicatura con una suspensión de su actividad profesional.  A pesar de esto, ofreció sus servicios  a unos incautos propietarios a quienes les ofreció el oro y el moro. Eso es una falta disciplinaria que tiene como consecuencia la pérdida de la tarjeta profesional.

Pero las sorpresas no pararon con esta información. En la Fiscalía General de la Nación, nos informaron que este caballero de industria, tenía un prontuario de lujo: 18 demandas penales de todo tipo, de las cuales 11 están vigentes. Y para rematar, tiene protección del Estado porque lo tienen amenazado las Águilas Negras !!!. Esa es la joya que fue contratada para representar los intereses de un grupo de propietarios de esta comunidad.

Hoy la FOPADE, encargada de evaluar los riesgos de este tipo en Bogotá, ha expedido una evaluación que confirma que el conjunto no amenaza ruina, lo cual ya lo sabíamos después de las labores que habíamos realizado. Lamentablemente, por no habernos permitido un acercamiento, reiteradamente solicitado, el abogado utilizó los medios para armar un escándalo a todas luces innecesario. El resultado:  un detrimento del  patrimonio de los propietarios, y lograr ahondar  la  división en la comunidad. Quienes así actuaron, ahora tienen la decisión de buscar una forma más razonable de trabajo con nosotros, o permitir que este oscuro personaje los siga manipulando, aprovechando el miedo que generó el caso de Medellín. .

Pero ahí no paran las sorpresas. El abogado, en la reciente reunión que tuvieron los propietarios, viendo que su pasado judicial  y disciplinario había sido descubierto, les dijo que el no había sido contratado por su comportamiento ético, sino para defender los intereses de los propietarios incautos, a quien ya les había sacado $4 millones a cada inmueble, para "defenderlos".

Lo que es más increíble de esta historia, es que el norte ético definitivamente se ha perdido en muchos colombianos. Recordando la frase que dice:" el fin justifica los medios y  en la guerra todo vale", nos han informado que hay propietarios que, a sabiendas de esta información, han tomado la decisión de seguir utilizando los servicios de este sujeto. Me recuerda el problema de muchos hacendados que se acostaron con criminales como los Paras, para que los defendieran de las FARC, y miren en lo que terminó el país. En este caso, parecería que en una situación muy diferente, se repiten las mismas dinámicas sociales, que muestran a una sociedad enferma de verdad.

Y para terminar esta historia, en la etapa en que vamos hoy, unos propietarios razonables, muy preocupados por la dirección que estaban tomando las cosas, resolvieron contactar al asesor estructural para que hiciera un enlace con nosotros. Después de una reunión de tres horas, de la que salieron con la información ocultada por el Consejo y la Administración,  se dieron cuenta que seguíamos siendo las mismas firmas serias a quienes les habían comprado sus inmuebles ,y que habían sido manipulados con un tremendo perjuicio para todos.

Al día siguiente, citan a una reunión para informar de lo que había sucedido. Y cual no sería  su asombro, cuando varios propietarios que le habían pagado al abogado, los acusaron de "haberse vendido" a nuestra firmas. Estos personajes, no podían entender que hubiera alguien que, en su sano juicio, buscara un acercamiento constructivo con nosotros.

Este caso, que afortunadamente no representa una situación ni remotamente similar a la de Medellin, muestra varios hechos. La dificultad de las comunidades para llegar a acuerdos y manejarlos de manera razonable, ante situaciones como las ya descritas anteriormente. También, que en río revuelto ganancia de pescadores. Abogados sin escrúpulos aprovechándose del miedo generado por el caso de Scape en Medellín, están esquilmando a las personas incautas, como es evidente en este caso.

Las entidades de control también están cometiendo errores. La FOPADE no nos llamó antes de decir públicamente que había que desalojar los parqueaderos. Y lo que es peor, como ya lo dije, la Administración del conjunto, les ocultó a la copropiedad de manera deliberada los informes de la firma interventora y de su asesor estructural.

Lo que demuestra este caso, es que  los colombianos no sabemos vivir en convivencia y mucho menos dirimir nuestras diferencias de manera civilizada. Todos pierden y sólo ganan algunos abogados sin escrúpulos, que como en este caso, son los pirómanos que encienden el fuego, para después, disfrazarse de bomberos para apagar la hoguera.  La controversia de este caso debería de girar más en torno a los cimientos éticos de la comunidad ya que los cimientos del edificio gozan de buena salud. Y de presentarse problemas siempre habrá una solución, cosa que es más difícil con una comunidad enferma.

Mi ejemplo me recuerda al manejo de los odios de Uribe y su grupo contra Santos, tema al que me referí en el blog pasado. Como vemos, el mal ejemplo cunde por todas partes. Diferentes mundos, pero las mismas dinámicas. Por eso insisto: ¿podemos de verdad hablar de paz en Colombia, mientras se permitan este tipo de comportamientos enfermos de personas profesionales y privilegiadas de la sociedad?

Nota: me excusa el lector que me extendí en esta oportunidad, pero creo que estará de acuerdo que el tema bien lo amerita. Colombia tiene que enfrentar la realidad más profunda: acabar con las FARC no es suficiente, se necesita mucho más y esto nos concierne a todos: debemos reconstruir el tejido ético colectivo y el espíritu solidario sobre la base de valores. En  este blog busco ayudar a abrir esta difícil conversación, en medio de una sociedad cada vez más polarizada.