Tuve la oportunidad de escuchar la entrevista en la estación de radio la W, del general encargado de la Policía en Bogota. Mi reacción con lo que escuché fue de desconcierto total. Vi a una persona impotente ante el desborde de la inseguridad en la ciudad. Oyéndolo, pude entrever su tremenda frustración con el sistema judicial que deja libres a los atracados tan pronto los capturan haciendo ver a la Policía como ineficaz. También transmitía, el nivel de desmoralización que debe estar afectando a esa institución, como resultado del efecto de las marchas sociales y los niveles de desprestigio que reflejan las encuestas de confianza hoy en día.
Yo personalmente trabajé durante casi tres años con otros colegas empresarios para ayudar al General Serrano en varios frentes. Por esta razón, me puse a investigar nuevamente sobre el tema para escribir este blog después de la entrevista de esta semana a la que hice referencia.
Me encontré con un documento escrito en el 2005 por el investigador Pablo Casas Dupuy, de la Fundación Seguridad y Democracia, que me pareció muy revelador.. En este trabajo, el autor hace un aporte muy interesante donde analiza los intentos de transformar la Policía en diferentes oportunidades. Sus análisis de hace casi 17 años, hoy tienen total actualidad.
Dada la gravedad de la inseguridad percibida que hoy enfrentamos los colombianos en diferentes zonas del país, y en particular en Bogotá, me parece pertinente traer algunos de los apartes de Casas, para darle perspectiva al problema que enfrentamos como sociedad, con la crisis que hoy afecta la capacidad de respuesta de la Policía.
Es un aporte para entender mejor las posibilidades de cambio real que podemos esperar los colombianos, ahora cuando se vuelve a proponer reformar a la esta institución a la luz de los escándalos que ha habido y los excesos de violencia durante el levantamiento social de los últimos meses. Y si la historia de los intentos anteriores nos pueden servir de alguna guía, el panorama que nos espera es bastante preocupante. El lector podrá sacar sus propias conclusiones.
Dice Casas lo siguiente al comienzo su análisis
“Históricamente, las reformas policiales sólo son asumidas por un gobierno cuando la situación de corrupción, incompetencia e incapacidad por parte de la Policía, para controlar la criminalidad y atender adecuadamente las necesidades de la ciudadanía en esas materias, ha llegado a un estado de crisis.
Es casi siempre un gran escándalo, o un hecho específico de corrupción o “brutalidad policial” el detonante de la crisis. La ciudadanía en general, los sectores económicos y los medios, exigen acciones inmediatas a los mandatarios y señalan al cuerpo policial de corrupto y distante. Por su parte, la institución policial defiende su gestión y justifica sus fracasos con la falta de recursos económicos y legales, y en la falta de solidaridad por parte de la ciudadanía.
Esta situación extrema, lleva al Gobierno de turno, a tomar cartas en el asunto, por lo general, anunciando una profunda reforma del estamento policial. Sin embargo, la polarización de los principales actores involucrados, y la presión de los medios no contribuyen a crear un ambiente adecuado para el desarrollo del proceso de reforma y fácilmente se pierde de vista el objetivo principal de éste: contar con una institución transparente y diligente que permita mejorar la gestión en materia de seguridad ciudadana.
Es común que en ese contexto, cualquier decisión que adopte el gobierno sea vista por uno u otro de los actores como un punto a su favor o en su contra. Fácilmente al final del proceso, la ciudadanía puede sentirse “engañada” por el gobierno, o la Policía no respaldada por éste y víctima de la imposición de una serie de medidas orquestadas por los “enemigos de la institución”. La tendencia por lo general es a revertir el proceso.
A pesar de ser éstos entidades públicas de naturaleza civil, por lo general cuentan con regímenes de excepción en materia disciplinaria, judicial, laboral, y de seguridad social. Esto favorece el fortalecimiento de un “espíritu de cuerpo” de tipo corporativo muy fuerte, en el que los miembros de la institución se sienten “diferentes”. Diferentes en relación con la sociedad, diferentes en relación con los demás empleados públicos, y diferentes en relación con otros cuerpos armados como, por ejemplo, las fuerzas militares. Pero, paradójicamente, de todas las instituciones de un Estado, es la Policía la que mayor contacto y cercanía mantiene con la sociedad.
A nivel internacional existen algunos ejemplos, no muchos, de procesos de reformas policiales muy exitosos. Unos de orden estructural como la transformación a la que fueron sometidos los cuerpos de policía en España a partir del fin de la dictadura de Franco en 1976, y otros de orden operativo y gerencial como la depuración y reingeniería a la que fue sometida el cuerpo de policía de Nueva York.
En el caso colombiano, se cuenta con dos experiencias recientes. El proceso de reforma institucional realizado por la Administración del Presidente Gaviria en el año 1993, y la constitución de la Misión Especial para la Policía por parte de la Administración del Presidente Uribe en el 2003.
Si bien se trató de dos procesos muy diferentes, su origen fue el mismo: escándalos de corrupción policial asociados al tráfico de estupefacientes, y una mala imagen generalizada ante la opinión pública. En el caso del año 1993 el detonante fue un acto de “brutalidad policial” pero las razones que motivaron al gobierno de ese entonces a proceder con la reforma fueron en su mayoría asociadas al alto grado de infiltración del que era víctima la policía por parte del narcotráfico.
En el caso del año 2003 el detonante fue la apropiación por parte de miembros de la institución de más de dos toneladas de cocaína que habían sido originalmente incautadas a los narcotraficantes y el manejo poco transparente que se le dio a esta situación por parte del mando y directivas de la Policía.
El proceso de 1993 involucró activamente a la sociedad civil y la clase política, y sus aspiraciones quedaron plasmadas en una serie de Leyes y Decretos que emitió el gobierno. Dichas Leyes y Decretos desarrollaban un importante sistema de control y participación ciudadana en los asuntos de policía, y promovían el acercamiento de ésta a las autoridades civiles locales. Desde la óptica polarizada que se describió anteriormente, en este proceso el gobierno se alineó con las recomendaciones y los intereses de los “civiles” y, por lo tanto, su aceptación al interior de la Policía fue muy baja desde el inicio de su implementación.
Fue por esto que, tan pronto se presentó la coyuntura política (1995 – 1998) del Proceso 8000 y los dineros del narcotráfico en la campaña de Samper , la Policía inició su propio proceso de reforma denominado el Programa de Transformación Cultural. Por una parte, este programa sirvió de marco para que la institución adelantara un importante proceso de depuración, pero, por otra, sirvió de fachada para reversar las iniciativas más importantes introducidas durante la reforma de 1993. De ahí que se hable de la Contrarreforma.
Los únicos procesos que han tenido un grado significativo de desarrollo en la institución, han sido los generados al interior de ésta y liderados por sus mandos. Sin embargo, éstos se han abstenido de introducir modificaciones de fondo, en especial aquellos que puedan alterar su estructura jerarquizada de orden militar y los que den mayor injerencia y participación a la ciudadanía y autoridades civiles en los asuntos policiales”.
Más adelante Casas hace un análisis de los problemas que encontró la Comisión en 1993, y que llaman mucho la atención, porque podría borrarse la fecha y poner la actual, porque están vigentes.
“Debilidad en la formación ética del recurso humano, insuficiencia y falta de dinámica en el control vertical, contagio del medio social deteriorado por fallas en la formación profesional, carencia de mandos medios oficiales subalternos y suboficiales, exceso en las funciones ante las dimensiones del crimen, falso concepto y espíritu permisivo de cuerpo, fractura o divorcio entre la preparación académica y la realidad del servicio, fallas en la conducción de las unidades, disciplina impuesta con intimidación.
En 1995, bajo la dirección del General Serrano, la Policía estaba cosechando importantes resultados en su lucha contra los carteles de la droga y, a nivel interno, había iniciado un importante proceso de depuración y lucha contra la corrupción. Esto le valió el reconocimiento internacional, y aumentó su credibilidad en especial con naciones que estaban colaborando y financiando los programas de lucha contra el narcotráfico.
Esta circunstancia ubicó a la Policía en una situación sin precedentes en términos de poder y autonomía al interior del Estado colombiano y esto le sirvió de contexto para llevar a cabo su propio proceso de reforma, el cual estuvo enmarcado por el Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional. Al final de todo este proceso se terminó dándole un viraje de 180 grados al enfoque y a las decisiones adoptadas por la Reforma de 1993. Se dejaron de aplicar una serie de disposiciones establecidas durante el proceso de Reforma del año 1993 que eran fundamentales para lograr un verdadero cambio en la Policía.
El mando institucional presentó esta iniciativa como “la gran panacea” para hacer frente a los altos niveles de corrupción interna, a la incapacidad de la institución para responder adecuadamente a la problemática delincuencial, a la deteriorada imagen con la ciudadanía, así como para modernizar la estructura.
Si bien el diagnóstico era prácticamente el mismo que hicieron las dos Comisiones consultivas dos años atrás en 1993, la diferencia fundamental consistía en que ahora era la misma Policía la que lo decía y lo asumía, y no agentes externos a la institución como el Gobierno y la sociedad civil como sucedió en 1993. En el sentir institucional del momento, este hecho abría las puertas para que “ahora sí” se pudiese adelantar un verdadero y legítimo proceso de reforma policial, liderado por los mismos policías.
Fue así como entre 1995 y 1998 se retiraron aproximadamente 7,000 uniformados utilizando esta facultad. El impacto de dicha depuración fue muy alto al interior de la institución y se podría decir que como una medida coyuntural, ésta fue muy eficaz para restituir la imagen de la Policía con la ciudadanía y para inculcar internamente el principio del rechazo a la corrupción.
Mientras que durante el período comprendido entre 1995 y 1998 ( época en que pude ser testigo con el Foro de Presidente de los programas de Transformación Cultural descritos), estos recibían toda la atención y eran objeto de gran despliegue y publicidad. En este mismo período, muy sutilmente se revirtió todo el proceso iniciado en 1993. el desarrollo paralelo de los programas de Transformación Cultural, tuvo un efecto demoledor en términos de reversar lo realizado durante 1993 en materia de descentralización del servicio y relación con autoridades civiles locales, de participación y control ciudadano, de especialización del servicio, y de control interno institucional.
He querido transcribir estos apartes del estudio de Casas, porque como lo dije al principio, los considero de mucha actualidad para entender mejor la situación actual de la Policía. Hoy esta institución definitivamente está desbordada por las bandas crimínales y la inoperancia del sistema judicial. Pero también, porque ha demostrado una gran incapacidad de cambio y sus efectos los estamos padeciendo todos los colombianos.
Qué bueno que se diera mucho más luz a esta historia de transformaciones fallidos para entender mejor la gravedad del problema que tenemos todos los colombianos.
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