Tenía escrito mi blog para esta semana, pero me toca posponerlo para la siguiente, por cuenta de la inmensa preocupación que me generó el informe especial publicado por la revista Semana el sábado pasado, con el título de “Operación silencio”.
En este artículo, se revelan los detalles sobre las presiones que se están ejerciendo sobre los militares, que han denunciado los instructivos impartidos por el General Nicasio Martinez, Comandante del Ejército, y que podrían haber reproducido los falsos positivos del pasado. Pero también, sobre otros hechos de corrupción que se estarían cometiendo al interior del Ejército.
El escándalo que generó la publicación del diario de New York Times, sumado a la decisión de Semana de no haber publicado oportunamente esa información que la había recibido mucho antes, puso en evidencia al general y al ministro Botero. Se habían dado instrucciones de aumentar los resultados operacionales en capturas y desmovilizaciones, incluido el doblar el número de bajas.
Esta última orden, podría haber revivido la época siniestra de los falsos positivos que acabó con la vida de más de 2500 jóvenes en todo el país, a quienes se les quiso pasar como guerrilleros muertos en acción. Por estos hechos están en la cárcel o vinculados a procesos judiciales, más de 2000 militares, muchos de los cuales se han sometido al tribunal de la JEP, organismo creado dentro de los acuerdos con las FARC.
Como consecuencia de lo acontecido, al interior del Ejército se han producido una serie de hechos absolutamente repudiables en las últimas dos semanas. En el artículo que Semana publicó, es difícil escoger un tema que no revista una inmensa gravedad, que contribuye a aumentar la incertidumbre que hoy se vive en el país y minar la legitimidad de las FA.
Duque debe de estar que busca esconderos a peso. Era lo único que le faltaba después del hundimiento en el Congreso de la propuesta de cárcel para los políticos condenados por corrupción.
La semana pasada, el General Nicasio Martinez, ordenó reunir en la Segunda División en Bucaramanga, a un grupo de 14 oficiales que estaban en diferentes partes del país, para entrevistarlos y someterlos a una prueba de polígrafo.
El objetivo de esta inusual situación, realizada con la participación de personal de contrainteligencia, era la de descubrir a los responsables de las filtraciones entregadas al NY Times y a Semana. Pero parece que también se perseguían otros propósitos non santos.
Con este nuevo escándalo, que sale a la luz pública, surgen varios temas muy preocupantes sobre cómo se están manejando las Fuerzas Armadas en la Administración Duque. Y lo son, porque manchan nuevamente la legitimidad del Ejercito, y porque aumenta la desconfianza de la opinión pública en las instituciones del Estado..
El primero de estos temas es muy grave: parecería que no se aprendieron las lecciones del pasado, y que los esfuerzos hechos anteriormente, para profesionalizar a las FA, y evitar abusos violatorios de los derechos humanos, ya no tengan la misma prioridad en este gobierno.
El segundo tema, es la decisión del Ministro de Defensa Botero, y del General Martinez Comandante del Ejército, de minimizar y defender su posición. Pero fue tal el escándalo, incluyendo una editorial posterior en el NY Times, que los obligó a echar marcha atrás, cuando el daño ya se había producido.
El tercer tema que es tremendamente preocupante, es lo que está sucediendo al interior del Ejército. Hay una cacería que se ha desatado contra el personal que se ha visto envuelto en esta situación. Según Semana, esto ha sucedido desde que el NY Times publicó la noticia, y después de que la reunión de Bucaramanga fuera filtrada a los medios, a Human Rights Watch y a la Procuraduría.
Esta cacería debe estar generando un inmenso malestar al interior del Ejército. Y debe de estar aumentando el rechazo contra el manejo que Martinez y Botero le están dando a todo el asunto. Y también, es una evidencia de la fractura que existe en las FA, desde que el anterior Comandante General Alberto Mejía dejara su puesto.
Un cuarto tema, que de nuevo demuestra un pésimo manejo de la situación, es que el comandante de la segunda División, salió a negar que se estuvieran haciendo las entrevistas y usando el polígrafo, a pesar de los testimonios, audios y fotografías que Semana tiene y que demuestran lo contrario. Este comportamiento parece que se está volviendo habitual, desde que Duque fue electo hace diez meses, y Uribe volvió a ejercer su poder al interior de las FA.
Un quinto tema, que ha salido a la luz pública en este episodio, es que hay una intención por evitar que se descubran a los altos mandos involucrados en actos de corrupción. Se estaría tratando de evitar a toda costa que se conozca el nombre de estos responsables.
Por esa razón, las órdenes impartidas eran perentorias: utilizar todos los recursos necesarios para descubrir a los soplones que habían puesto en evidencia al Comandante del Ejército y al Ministro de Defensa. Pero posiblemente había otra agenda oculta: evitar que se descubrieran a las personas detrás de las órdenes de los falsos positivos y los actos de corrupción.
Y aquí salta un sexto tema que también es muy preocupante y relacionado con el punto anterior. Me refiero a la manera que se procedió a intimidar a los militares citados y a otros militares que han hecho denuncias o testificado ante la JEP. Los periodistas de Semana, que entrevistaron a varios de los oficiales afectados, pudieron comprobar que había mucho miedo por las represalias personales y contra sus familias, que podrían tener al denunciar lo que estaba pasando al interior de las FA.
Varios de los oficiales llamados a Bucaramanga “a entrevista” , y militares que han acudido a la JEP, para denunciar o confesar su participación en los falsos positivos, cometidos cuando Uribe era presidente, han recibido amenazas de muerte contra ellos y sus familias, acompañados de intentos de intimidación física. Los testimonios sobre estos casos fueron documentados por Semana.
Uno de los entrevistados por la revista, denunció como habían seguido a sus hijos en el colegio y a sus padres, con el fin de amedrentarlo. Como evidencia mostró las fotos de las personas que habían seguido a su familia. También, se están interviniendo sus teléfonos de manera ilegal.
Como lo denuncia Semana, son más de 20 militares que han sido amenazados como también sus familias porque algunos “no están dispuestos a jugarse su reputación o su futuro, participando en dinámicas que los puedan llevar a violar los derechos humanos”. O porque conocen información que compromete a altos mandos en actos de corrupción.
Son personas, que quieren evitar a toda costa, seguir el paso de compañeros que están en la cárcel y que “perdieron su patrimonio pagando abogados”, por haber cumplido con órdenes de matar a gente inocente en el pasado. Prefieren pedir el retiro, que someterse a algo similar, por cumplir órdenes con las que no están de acuerdo.
Pero lo más grave , es que los periodistas han sido amenazados con sufragios y mensajes que buscan intimidarlos. También han sido víctimas de seguimientos hechos por personas pertenecientes a “grupos especiales” y que según Semana: “hoy están amenazando de muerte a militares activos y sus familias, así como uniformados retirados que están hablando ante la JEP, para evitar que digan lo que saben”.
Estas mismas presiones las están recibiendo los abogados que están representando a los ex militares ante la JEP y a los otros testigos. Las amenazas denunciadas, han obligado a la JEP, a solicitar medidas de protección para varios de estas personas porque se ha considerado que corren un grave riesgo.
Todo este episodio, además de dejar un sabor muy amargo, está minando la legitimidad y la credibilidad de las FA, que hasta ahora, había sido una de las pocas instituciones del estado, que había salido bien librada de los escándalos de corrupción, de desprestigio y falta de confianza.
Y lo más grave, es que las acciones de unos pocos, sumado al pésimo manejo que le ha dado a todo este episodio el gobierno de Duque con su ministro de Defensa a la cabeza, afecte a la institución y a miles de militares que han servido al país, intachablemente.
El testimonio recogido por Semana sintetiza la gravedad del problema que le ha estallado a Duque y a las FA: “El país le perdonó al Ejército una vez lo que pasó con el tema de los falsos positivos. Pero no nos va a perdonar dos veces si volvemos a lo mismo. Nuestro Ejército había aprendido de sus errores y había corregido el rumbo para hacer lo que nos ordena la Constitución que no es otra cosa que defender la vida de los colombianos”
El último comentario lo dice todo. Era lo que le faltaba a Duque en su corto periodo de gobierno, para debilitar aún más su credibilidad y para acelerar la desistitucionalización que ha promovido Uribe con su maléfica sombra. !!Increíble !!
PD: con el informe de la semana pasada, la revista Semana busca recuperar el camino y volver a ganarse la confianza de sus lectores, al continuar con la tradición de denunciar los malos manejos y actos de corrupción que afectan a la sociedad colombiana. En hora buena!!
Al General Martinez Semana le hizo una entrevista para escuchar su reacción al artículo. Sus respuestas me generaron más preocupaciones que aclaraciones. Muchos de los temas denunciados nos fueron tocados por el Comandante de las FA.
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